A lo largo de la historia, las personas que buscan refugio han encontrado en Costa Rica un lugar donde asentarse e integrarse, independientemente de su cultura y del país de donde provengan. Las bases democráticas sobre las que se asienta la nación han permitido abrir las fronteras para quienes huyen de sus países de origen, debido a la persecución que sufren por distintos motivos.

Estas se han nutrido de la normativa internacional ratificada por el país y de las normas nacionales que han sido aprobadas para brindar protección a las personas refugiadas y a quienes son solicitantes de refugio, de políticas y programas específicos diseñados para estas poblaciones y de mecanismos de acceso a la justicia administrativa y judicial mediante los cuales pueden exigir la observancia de sus derechos.

Las normas y las políticas, sin embargo, encuentran su razón de ser en su concreción en tanto se crean para abordar una situación de interés público, ya sea para satisfacer necesidades de la población o abordar problemáticas que le afectan. Es allí precisamente donde se identifican algunos desafíos para las personas refugiadas y solicitantes de refugio y, en general, para las migrantes. Proveerse de medios de vida para mantener un nivel de vida adecuado que les permita hacer frente a gastos de educación, salud y alimentación, por mencionar los prioritarios, hace la diferencia para que una persona refugiada o solicitante de refugio pueda establecerse satisfactoria y dignamente en un país.

De esta manera, la inserción laboral en condiciones decentes constituye una pieza clave en el proceso integrativo en una sociedad que le es ajena. Aun si se cuenta con todo un engranaje político-normativo que lo posibilita, su implementación tiene lugar en un contexto social donde habrá personas más o menos dispuestas a facilitar dichos procesos de integración, por distintas circunstancias.

Se ha identificado la existencia de algunas barreras para la contratación de personas refugiadas y solicitantes de asilo en el sector privado, que pueden estar generando la exclusión de un grupo de personas del mercado laboral, privando a sus familias, a las empresas y al país de la contribución al desarrollo socioeconómico que están en capacidad de dar, si tuvieran acceso a un trabajo decente en igualdad de condiciones que el resto de las personas trabajadoras.

Motivada por esta realidad, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UUCCAEP), con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomó la iniciativa de elaborar una Guía Empresarial para Promover la Contratación e Inclusión Laboral de Personas Refugiadas y Solicitantes de Refugio -en adelante, la Guía Empresarial-, para contribuir con la comprensión de la figura del refugio precisando su origen y las circunstancias que lo motivan, propiciando un acercamiento a la realidad por la que atraviesan quienes buscan refugio en otros países. Describe en qué consiste estas categorías migratorias especiales y el tipo de documentación que portan quienes las ostentan.

Esta guía también proporciona una serie de medidas concretas para ser implementadas por las empresas -independientemente de su tamaño-, dirigidas a promover una mayor igualdad e inclusión de estas personas trabajadoras, para así contribuir con la eliminación de las barreras que limitan su integración socioeconómica.