En Costa Rica, la población de migrantes internacionales asciende aproximadamente a 520.700, en igual proporción hombres y mujeres, cifra que representa el 10,2% de la población total (Portal de Datos sobre Migración, 2020). La mayor parte del stock migratorio está representado por personas provenientes de Nicaragua. De acuerdo con el Censo Nacional de Población del año 2011, existían 296.541 nicaragüenses en el país. La migración desde este país es fundamentalmente laboral, se trasladan para trabajar sobre todo en actividades agrícolas y de construcción, mano de obra representada principalmente por hombres y en actividades domésticas, ocupación desarrollada principalmente por mujeres. Otra población que ingresa por razones laborales es la Ngäbe-Buglé proveniente de Panamá, que se inserta en labores agrícolas -banano y café, fundamentalmente- y que se calcula entre 10.000 y 15.000 personas por año (DGME, s/f).

Como se ha mencionado, Costa Rica tiene una trayectoria como país que ha abierto las puertas a personas que buscan refugio. Entre los años 1970-1980, la región centroamericana se vio azolada por conflictos armados que afectaban a varios países y que obligaron a miles de personas salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas a abandonar su país desplazándose en gran parte a Costa Rica. Lo mismo ocurrió durante la guerra civil en Nicaragua contra la dictadura de Somoza (1978-79). Por estas fechas, también ingresaron al país miles de personas provenientes de Chile, Uruguay y Argentina para protegerse de la persecución política tras la implantación de dictaduras. En la década de los 80, fueron personas provenientes de El Salvador quienes ingresaron al país huyendo de situaciones de violencia interna.

Más recientemente, del 2015 en adelante, el grueso de los países de origen de personas en búsqueda de refugio son Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela. La presencia de grupos paramilitares, focos de guerrillas y de narcotraficantes en Colombia; la falta de empleo, inseguridad ciudadana y comunitaria en Honduras y El Salvador; la crítica situación social y económica de Venezuela, explican este fenómeno. En abril de 2018, debido a una serie de eventos de persecución política que se desencadenaron tras las protestas contra las reformas al sistema de seguridad social anunciadas por Daniel Ortega, miles de personas, principalmente jóvenes, se vieron obligadas a dejar Nicaragua por la situación de inseguridad y persecución política, muchas de las cuales se desplazaron a Costa Rica incrementando el número de solicitudes de refugio.

Se calcula que, al 31 de diciembre de 2021, el país contabilizaba 151.656 personas solicitantes de refugio y 10.267 personas refugiadas de las cuales 136.959 y 4.032, respectivamente, correspondían a personas de origen nicaragüense siendo este el principal origen de las personas refugiadas, seguido de la colombiana (2.320). De la misma manera, son las personas de origen nicaragüense las que conforman el principal grupo de solicitantes de refugio, seguido del proveniente de Venezuela (5.978) (ACNUR, 2021).

A. El perfil de las personas refugiadas y solicitantes de refugio

Para referirse al perfil de las personas refugiadas y solicitantes de refugio en el país, es necesario mencionar el estudio realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), en el 2015¹. La mayor parte de las personas era de nacionalidad colombiana, seguida de la venezolana y la salvadoreña. El diagnóstico identificó que la edad promedio era de 40 años siendo la más común 30 años, por lo que puede catalogarse como una población joven y en edad productiva.

La gran mayoría vivía con otros miembros de su grupo familiar dato que reviste de relevancia al abordar la problemática del desempleo, al tener bajo su responsabilidad la manutención de un promedio de 4 personas por núcleo. Otro dato importante asociado a la empleabilidad es el del nivel educativo con que contaban antes de ingresar a Costa Rica: la mayoría tenía estudios secundarios y universitarios lo que hace de esta una población con nivel educativo alto.

Otro estudio más reciente, de la organización HIAS (2020)² determinó que el 59% tenía entre 18 y 40 años, dato que coincide con el anterior referido a que constituye una población en edad de trabajar. También coincide en cuanto a los datos referidos al alto nivel de escolaridad, en tanto el 49% contaba con estudios secundarios, 23% con estudios universitarios y 7% con estudios técnicos, frente al 25,1%, 40,6% y 8,7%, respectivamente, del estudio del ACNUR y ACAI. En este último estudio las nacionalidades preponderantes fueron principalmente la nicaragüense, seguida de la venezolana y salvadoreña.

Más específicamente referido a la población refugiada y solicitante de refugio proveniente de Venezuela, como parte del monitoreo de flujos de población venezolana que realiza la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), datos recopilados entre el 29 de julio y el 17 de agosto de 2020³, confirman y enriquecen los hallazgos anteriores con información más reciente y en el contexto de la pandemia.

El grupo etario predominante fue el de 35-44 años seguido del de 25-34 años con un número elevado de mujeres -63%- frente al de hombres -37%-. El 24% contaba con estudios secundarios, 21% con estudios técnicos y el 53% con estudios universitarios. El 59% ostentaba la categoría de solicitante de refugio mientras que solo el 5% contaba con la condición de persona refugiada (el porcentaje restante contaba con otras categorías). Un dato relevante en función de la búsqueda y provisión de medios de vida tiene que ver con que el 54% afirmó que planea quedarse de manera permanente en el país, lo que conlleva la necesidad de desarrollar una actividad productiva que le genere los ingresos para poder establecerse dignamente.

HIAS (2020) identificó en su análisis que las principales causas que adujeron las personas refugiadas y solicitantes de refugio como motivo para abandonar su país fueron principalmente las amenazas de agresión o muerte, discriminación, falta de recursos económicos y de trabajo. Otras causas tienen que ver con el haberles quitado sus bienes, persecución, tortura y violencia de género.

1. ---

   Se trata de un diagnóstico participativo cuya metodología incluyó la realización de un cuestionario que fue llenado por 184 personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado (59 mujeres y 41 hombres) que hubieran iniciado las gestiones ante las autoridades públicas al menos 6 meses antes.
2. El estudio indaga en el mercado de trabajo para personas solicitantes de la condición de refugiada y refugiadas. La metodología comprendió, entre otros, un cuestionario que fue llenado por 239 personas en ambas categorías y de diferentes nacionalidades: 165 nicaragüense, 27 venezolana, 24 salvadoreña, 9 cubana, 8 colombiana, 3 hondureña y 3 otras nacionalidades en su mayoría hombres (55,2% hombres y 44,4% mujeres).
3. El reporte se basa en 617 encuestas llenadas en línea por personas venezolanas que se encontraban en el país, entre el 29 y el 17 de agosto de 2020.

B. Situación laboral de las personas solicitantes de refugio y refugiadas

El ACNUR y ACAI (2015) apuntan a la grave situación de desempleo de la población solicitante de refugio y refugiada que alcanza el 43% de acuerdo con el estudio referido. Esta cifra supera en mucho el promedio nacional que a octubre de 2021 equivalía a 15% (INEC). El desempleo afecta principalmente a quienes se encuentran en las franjas etarias de 18 a 29 años y 65 años o más con 53% y 67% respectivamente, por lo que son en particular las más jóvenes y las adultas mayores quienes se encuentran en situación de desventaja. Fueron las personas venezolanas (75%) y extracontinentales (68%), quienes reportan mayores tasas de ocupación. Por su parte, el estudio de HIAS (2020) señaló que el 56% de las personas encuestadas afirmó no tener trabajo, frente al 44% que afirmó sí estar trabajando.

En relación con las personas venezolanas, sobre las cuales existen mediciones específicas, el 59% de las personas venezolanas encuestadas se encontraban desempleadas y de esta cifra el 68% tenía un nivel educativo universitario o técnico superior (OIM, 2020), datos que dan cuenta de un importante desaprovechamiento de competencias.

El 21% trabajaba por cuenta propia y tan solo el 18% estaba en condición de empleado y el 1% de pensionado. En su mayoría quienes trabajaban por cuenta propia o eran empleados o empleadas se dedicaban al comercio (30%). De las personas que se encontraban trabajando, el 60% lo hacía en el sector formal de la economía, mientras que el 28% se ubicaba en el informal (el 12% no respondió). Si bien el nivel de formalidad es elevado si se compara la tasa nacional de informalidad (43,9% a diciembre 2021, INEC), lo cierto es que un 28% es una cifra que amerita ser abordada.

C. Barreras para la inserción laboral de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiada

Algunas de las causas que explican por qué las personas refugiadas y solicitantes de refugio encuentran obstáculos para insertarse laboralmente se relacionan con: